Protección patrimonial de las personas con discapacidad

y de modificación del Código
Civil,
de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y de la Normativa Tributaria
con esta finalidad.

_____ Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de
2003

Sumario:

·
CAPÍTULO I. PATRIMONIO PROTEGIDO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

Artículo 1. Objeto y régimen
jurídico.

Artículo 2. Beneficiarios.

Artículo 3. Constitución.

Artículo 4. Aportaciones al
patrimonio protegido.

Artículo 5. Administración.

Artículo 6. Extinción.

Artículo 7. Supervisión.

Artículo 8. Constancia
registral.

·
CAPÍTULO II. MODIFICACIONES DEL CÓDIGO CIVIL Y DE LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CIVIL.

Artículo 9. Modificaciones del
Código Civil en materia de autotutela.

Artículo 10. Modificación del
Código Civil en materia de régimen sucesorio.

Artículo 11. Modificación del
Código Civil en materia del mandato.

Artículo 12. Modificación del
Código Civil en materia del contrato de alimentos.

Artículo 13. Incorporación de
una disposición adicional en el Código Civil.

Artículo 14. Modificación de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en materia de procesos
sobre la capacidad de las personas.

·
CAPÍTULO III. MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA
TRIBUTARIA.

Artículo 15. Modificación de la
Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y otras Normas Tributarias.

Artículo 16. Modificación de la
Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Artículo 17. Modificación del
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Actos de jurisdicción voluntaria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Exención en el Impuesto sobre el Patrimonio.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Título
competencial.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.
Desarrollo reglamentario.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.
Entrada en vigor.

Juan Carlos
I,
Rey de
España

A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed:
Que las Cortes Generales
han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

I

Son múltiples los mecanismos que, en cumplimiento del
mandato que a los poderes públicos da el artículo
49 de la Constitución, tratan de responder a la especial situación de las
personas con discapacidad, ordenando los medios necesarios para que la
minusvalía que padecen no les impida el disfrute de los derechos que a todos
los ciudadanos reconocen la Constitución
y las Leyes, logrando así que la igualdad entre tales personas y el resto de
los ciudadanos sea real y efectiva, tal y como exige el artículo
9.2 de la Constitución.

Hoy constituye una realidad la supervivencia de muchos
discapacitados a sus progenitores, debido a la mejora de asistencia sanitaria
y a otros factores, y nuevas formas de discapacidad como las lesiones
cerebrales y medulares por accidentes de tráfico, enfermedad de Alzheimer y
otras, que hacen aconsejable que la asistencia económica al discapacitado no
se haga sólo con cargo al Estadoo a la familia, sino con cargo al propio
patrimonio que permita garantizar el futuro del minusválido en previsión de
otras fuentes para costear los gastos que deben afrontarse.

Esta Ley tiene por objeto regular nuevos mecanismos de
protección de la personas con discapacidad, centrados en un aspecto esencial
de esta protección, cual es el patrimonial.

Efectivamente, uno de los elementos que más repercuten
en el bienestar de las personas con discapacidad es la existencia de medios
económicos a su disposición, suficientes para atender las específicas
necesidades vitales de los mismos.

En gran parte, tales medios son proporcionados por los
poderes públicos, sea directamente, a través de servicios públicos dirigidos a
estas personas, sea indirectamente, a través de distintos instrumentos como
beneficios fiscales o subvenciones específicas.

Sin embargo, otra parte importante de estos medios
procede de la propia persona con discapacidad o de su familia, y es a esta
parte a la que trata de atender esta Ley.

II

De esta forma, el objeto inmediato de esta Ley es la
regulación de una masa patrimonial, el patrimonio especialmente protegido de
las personas con discapacidad, la cual queda inmediata y directamente
vinculada a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona con
discapacidad, favoreciendo la constitución de este patrimonio y la aportación
a título gratuito de bienes y derechos a la misma.

Los bienes y derechos que forman este patrimonio, que
no tiene personalidad jurídica propia, se aíslan del resto del patrimonio
personal de su titular-beneficiario, sometiéndolos a un régimen de
administración y supervisión específico.

Se trata de un patrimonio de destino, en cuanto que
las distintas aportaciones tienen como finalidad la satisfacción de las
necesidades vitales de sus titulares.

Beneficiarios de este patrimonio pueden ser,
exclusivamente, las personas con discapacidad afectadas por unos determinados
grados de minusvalía, y ello con independencia de que concurran o no en ellas
las causas de incapacitación judicial contempladas en el artículo
200 del Código Civil y de que, concurriendo, tales personas hayan sido o
no judicialmente incapacitadas.

La regulación contenida en esta Ley se entiende sin
perjuicio de las disposiciones que pudieran haberse aprobado en las
comunidades autónomas con derecho civil propio, las cuales tienen aplicación
preferente de acuerdo con el artículo
149.1.8 de la Constitución española y los diferentes estatutos de
autonomía, siéndoles de aplicación esta Ley con carácter supletorio, conforme
a la regla general contenida en el artículo
13.2 del Código Civil.

III

Esta constitución del patrimonio corresponde a la
propia persona con discapacidad que vaya a ser beneficiaria del mismo o, en
caso de que ésta no tenga capacidad de obrar suficiente, a sus padres, tutores
o curadores de acuerdo con los mecanismos generales de sustitución de la
capacidad de obrar regulados por nuestro ordenamiento jurídico, o bien a su
guardador de hecho, en el caso de personas con discapacidad
psíquica.

La constitución requiere, inexcusablemente, de una
aportación originaria de bienes y derechos, si bien una vez constituido el
patrimonio cualquier persona con interés legítimo puede realizar aportaciones
a dicho patrimonio, previéndose incluso la posibilidad de que tanto las
aportaciones simultáneas a la constitución del patrimonio protegido como las
posteriores puedan hacerse a pesar de la oposición de los padres, tutores o
curadores, cuando así lo estime el juez por convenir al beneficiario del
patrimonio. En todo caso, las aportaciones de terceros deberán realizarse
siempre a título gratuito.

Sin embargo, cuando la persona con discapacidad tenga
capacidad de obrar suficiente, y de acuerdo con el principio general de
autonomía personal y libre desarrollo de la personalidad que informa nuestro
ordenamiento jurídico (artículo
10.1 de la Constitución), no se podrá constituir un patrimonio protegido
en su beneficio o hacer aportaciones al mismo en contra de su
voluntad.

Asimismo, cuando la aportación es realizada por un
tercero, y por tercero se entiende cualquier persona distinta del beneficiario
del patrimonio, incluidos los padres, tutores o curadores, constituyentes del
mismo, el aportante podrá establecer el destino que a los bienes o derechos
aportados deba darse una vez extinguido el patrimonio protegido, determinando
que tales bienes o derechos reviertan en el aportante o sus herederos o
dándoles cualquier otro destino lícito que estime oportuno. Sin embargo, esta
facultad del aportante tiene un límite, ya que la salida del bien o derecho
aportado del patrimonio protegido tan sólo podrá producirse por extinción de
éste, lo que elimina la posibilidad de afecciones de bienes y derechos a
término.

Por otro lado, la existencia de este patrimonio, y el
especial régimen de administración al que se somete el mismo, en nada
modifican las reglas generales del Código Civil o,
en su caso, de los derechos civiles autonómicos, relativas a los distintos
actos y negocios jurídicos, lo cual implica que, por ejemplo, cuando un
tercero haga una aportación a un patrimonio protegido mediante donación, dicha
donación podrá rescindirse por haber sido realizada en fraude de acreedores,
revocarse por superveniencia o supervivencia de hijos del donante o podrá
reducirse por inoficiosa, si concurren los requisitos que para ello exige la
legislación vigente.

IV

En cuanto a la administración del patrimonio, y el
término administración se emplea aquí en el sentido más amplio, comprensivo
también de los actos de disposición, se parte de la regla general de que todos
los bienes y derechos, cualquiera que sea su procedencia, se sujetan al
régimen de administración establecido por el constituyente del patrimonio, el
cual tiene plenas facultades para establecer las reglas de administración que
considere oportunas, favoreciéndose de esta forma que la administración pueda
corresponder a entidades sin ánimo de lucro especializadas en la atención a
las personas con discapacidad, si bien ello con una distinción, ya
que:

Cuando el constituyente del patrimonio protegido sea
el beneficiario del mismo, y a la vez tenga capacidad de obrar suficiente, se
aplica sin más la regla general expresada.

En todos los demás casos, las reglas de administración
deberán prever que se requiera autorización judicial en los mismos supuestos
que el tutor la requiere respecto de los bienes del tutelado, si bien se
permite que el juez pueda flexibilizar este régimen de la forma que se estime
oportuna cuando las circunstancias concurrentes en el caso concreto así lo
hicieran conveniente y en todo caso sin que sea preciso acudir al
procedimiento de subasta pública contemplado en la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Dado el especial régimen de administración al que se
sujeta el patrimonio protegido, es perfectamente posible que, a pesar de que
su beneficiario tenga capacidad de obrar suficiente, la administración del
patrimonio no le corresponda a él, sino a una persona distinta, sea porque así
lo ha querido la propia persona con discapacidad, cuando ella misma haya
constituido el patrimonio, sea porque lo haya dispuesto así el constituyente
del patrimonio y lo haya aceptado el beneficiario, cuando el constituyente sea
un tercero.

En cambio, cuando el beneficiario del patrimonio
protegido no tenga capacidad de obrar suficiente, el o los administradores del
patrimonio protegido pueden no ser los padres, tutores o curadores a los que
legalmente corresponde la administración del resto del patrimonio de la
persona con discapacidad, lo cual hace conveniente que la Ley prevea
expresamente que la representación legal de la persona con discapacidad para
todos los actos relativos al patrimonio protegido corresponda, no a los
padres, tutores o curadores, sino a los administradores del mismo, si bien la
representación legal está referida exclusivamente a los actos de
administración.

Asimismo, la Ley regula la extinción del patrimonio
protegido, la cual, dejando al margen el caso especial de que el juez pueda
acordar la extinción del mismo cuando así convenga al interés de la persona
con discapacidad, sólo se produce por muerte o declaración de fallecimiento de
su beneficiario o al dejar éste de padecer una minusvalía en los grados
establecidos por la Ley.

En estos casos, se presta especial atención a los
bienes y derechos aportados por terceros, los cuales se aplicarán a la
finalidad prevista por el aportante al realizar la aportación, si bien cuando
fuera material o jurídicamente imposible cumplir esta finalidad se les dará
otra, lo más análoga y conforme posible a la voluntad del aportante, en
técnica similar a la conmutación modal regulada por el artículo
798 del Código Civil y atendiendo, si procede a la naturaleza de los
bienes y derechos que integran el patrimonio protegido en el momento de su
extinción y en proporción a las diferentes aportaciones.

V

Aspecto fundamental del contenido de la Ley es el de
la supervisión de la administración del patrimonio protegido de las personas
con discapacidad.

El primer aspecto que destaca de esta supervisión es
que el constituyente puede establecer las reglas de supervisión y
fiscalización de la administración del patrimonio que considere
oportunas.

En segundo lugar, la supervisión institucional del
patrimonio protegido corresponde al Ministerio Fiscal, respecto del cual se
prevén dos tipos de actuaciones, a saber:

a.
Una supervisión permanente y general de la
administración del patrimonio protegido, a través de la información que,
periódicamente, el administrador debe remitirle.

b.
Una supervisión esporádica y concreta, ya que
cuando las circunstancias concurrentes en un momento determinado lo hicieran
preciso, el Ministerio Fiscal puede solicitar del juez la adopción de
cualquier medida que se estime pertinente en beneficio de la persona con
discapacidad. A estos efectos, el Ministerio Fiscal puede actuar tanto de
oficio como a solicitud de cualquier persona, y será oído en todas las
actuaciones judiciales que afecten al patrimonio protegido, aunque no sean
instadas por él.

Por otro lado, la Ley crea la Comisión de Protección
Patrimonial de las Personas con Discapacidad, cuya función básica es ser un
órgano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento del Ministerio Fiscal en el
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las demás que reglamentariamente
pudieran atribuírsele.

Dada la importancia de esta Comisión, y la
especialización que sus funciones pueden requerir, se prevé que en ella
participen, en todo caso, representantes de la asociación de utilidad pública,
más representativa en el ámbito estatal, de los diferentes tipos de
discapacidad.

Por último, se adoptan dos medidas de publicidad
registral importantes, ya que:

De un lado, cuando la
administración del patrimonio protegido no corresponde ni al propio
beneficiario ni a sus padres, tutores o curadores, la representación legal que
el administrador ostenta sobre el beneficiario del patrimonio para todos los
actos relativos a éste debe de hacerse constar en el Registro
Civil.

De otro, se prevé que en
el Registro de la Propiedad conste la condición de un bien o derecho real
inscrito como integrante de un patrimonio protegido.

VI

Sin embargo, el contenido de la Ley no acaba en la
regulación del patrimonio protegido de las personas con discapacidad, sino que
además se incorporan distintas modificaciones de la legislación vigente que
tratan de mejorar la protección patrimonial de estas personas, aumentando las
posibilidades jurídicas de afectar medios económicos a la satisfacción de las
necesidades de estas personas o que, en general, mejoran el tratamiento
jurídico de las personas con discapacidad. Estas modificaciones se realizan
siguiendo las pautas aconsejadas por la Comisión General de
Codificación.

De ellas,
destaca en primer lugar la regulación de la autotutela, es decir, la
posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones
que estime convenientes en previsión de su propia futura incapacitación, lo
cual puede ser especialmente importante en el caso de enfermedades
degenerativas.

Efectivamente, si ya los padres pueden adoptar las
medidas que consideren oportunas respecto de la persona y bienes de sus hijos
menores o incapacitados, no se ven obstáculos para que esta misma posibilidad
corresponda a una persona con capacidad de obrar suficiente respecto de sí
mismo, para el caso de ser incapacitado.

Esta autotutela se regula introduciendo unos cambios
mínimos en el Código Civil,
consistentes en habilitar a las personas capaces para adoptar las
disposiciones que considere oportunas en previsión de su propia
incapacitación, y ello en el mismo precepto que regula las facultades
parentales respecto de la tutela, y en alterar el orden de delación de la
tutela, prefiriendo como tutor en primer lugar al designado por el propio
tutelado, si bien sin modificar la facultad genérica que corresponde al juez
de alterar el orden de delación cuando así convenga al interés del
incapacitado pero siempre que hayan sobrevenido circunstancias que no fueron
tenidas en cuenta al efectuar la designación.

Además, se garantiza, mediante los mecanismos
oportunos que el juez que estuviera conociendo de la constitución de la tutela
pueda conocer la eventual existencia de disposiciones relativas a la misma,
sean de los padres, sean del propio incapaz.

Complemento de esta regulación de la autotutela es la
reforma del artículo
1732 del Código Civil, con objeto de establecer que la incapacitación
judicial del mandante, sobrevenida al otorgamiento del mandato, no sea causa
de extinción de éste cuando el mandante haya dispuesto su continuación a pesar
de la incapacitación, y ello sin perjuicio de que dicha extinción pueda ser
acordada por el juez en el momento de constitución de la tutela sobre el
mandante o, en un momento posterior, a instancia del tutor.

Por último, se legitima al presunto incapaz a promover
su propia incapacidad, modificándose, por tanto, el artículo
757.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.

VII.

En
segundo lugar, se introducen distintas modificaciones del derecho de
sucesiones. De esta forma:

a.
Se configura como causa de indignidad generadora
de incapacidad para suceder abintestato el no haber prestado al causante las
atenciones debidas durante su vida, entendiendo por tales los alimentos
regulados por el título VI del
libro I del Código Civil, y ello aunque el causahabiente no fuera una de
las personas obligadas a prestarlos.

b.
Se permite que el testador pueda gravar con una
sustitución fideicomisaria la legítima estricta, pero sólo cuando ello
beneficiare a un hijo o descendiente judicialmente incapacitado. En este caso,
a diferencia de otros regulados en la Ley, como se aclara a través de una
nueva disposición
adicional del Código Civil, se exige que concurra la incapacitación
judicial del beneficiado, y no la minusvalía de éste en el grado establecido
en el artículo
2.2 de la Ley.

c.
Se reforma el artículo
822 del Código Civil, dando una protección patrimonial directa a las
personas con discapacidad mediante un trato favorable a las donaciones o
legados de un derecho de habitación realizados a favor de las personas con
discapacidad que sean legitimarias y convivan con el donante o testador en la
vivienda habitual objeto del derecho de habitación, si bien con la cautela de
que el derecho de habitación legado o donado será intransmisible.
Además,
este mismo precepto concede
al legitimario con discapacidad que lo necesite un legado legal del derecho de
habitación sobre la vivienda habitual en la que conviviera con el
causante, si bien a salvo de cualquier disposición testamentaria de
éste sobre el derecho de habitación.

d.
Se reforma el artículo
831 del Código Civil, con objeto de introducir una nueva figura de
protección patrimonial indirecta de las personas con discapacidad. De esta
forma,
se concede al testador amplias facultades para que en su testamento pueda
conferir al cónyuge supérstite amplias facultades para mejorar y distribuir la
herencia del premuerto entre los hijos o descendientes comunes, lo que
permitirá no precipitar la partición de la herencia cuando uno de los
descendientes tenga una discapacidad, y aplazar dicha distribución a un
momento posterior en el que podrán tenerse en cuenta la variación de las
circunstancias y la situación actual y necesidades de la persona con
discapacidad. Además, estas facultades pueden concedérselas los
progenitores con descendencia común, aunque no estén casados entre sí.

e.
Se introduce un nuevo párrafo al artículo
1041 del Código Civil a fin de evitar
traer a colación los gastos realizados por los padres y ascendientes,
entendiendo por éstos cualquier disposición patrimonial, para cubrir las
necesidades especiales de sus hijos o descendientes con
discapacidad.

VIII

En tercer término, se introduce dentro del título XII del
libro IV del Código Civil, dedicado a los contratos aleatorios, una
regulación sucinta pero suficiente de los alimentos convencionales, es decir,
de la obligación alimenticia surgida del pacto y no de la Ley, a diferencia de
los alimentos entre parientes regulados por los artículos
142 y siguientes de dicho cuerpo legal.

La regulación de este contrato, frecuentemente
celebrado en la práctica y examinado en ocasiones por la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, amplía las posibilidades que actualmente ofrece el contrato
de renta vitalicia para atender a las necesidades económicas de las personas
con discapacidad y, en general, de las personas con dependencia, como los
ancianos, y permite a las partes que celebren el contrato cuantificar la
obligación del alimentante en función de las necesidades vitales del
alimentista.

Su utilidad resulta especialmente patente en el caso
de que sean los padres de una persona con discapacidad quienes transmitan al
alimentante el capital en bienes muebles o inmuebles en beneficio de su hijo
con discapacidad, a través de una estipulación a favor de tercero del
artículo 1257 del Código Civil.

IX

El capítulo
III de la Ley está dedicado a las modificaciones de la normativa
tributaria, mediante las que se adoptan una serie de medidas para favorecer
las aportaciones a título gratuito a los patrimonios protegidos, reforzando de
esta manera los importantes beneficios fiscales que, a favor de las personas
con discapacidad, ha introducido la Ley 46/2002,
de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes del
Impuesto sobre Sociedades y sobre la Renta de no
Residentes.

De este modo, la Ley procede a modificar la Ley 40/1998,
de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
Normas Tributarias, la Ley 43/1995,
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el Real
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, al objeto de regular el régimen tributario
aplicable al discapacitado titular del patrimonio protegido por las
aportaciones que se integren en éste y a los aportantes a dicho patrimonio por
las aportaciones que realicen.

En cuanto al régimen tributario aplicable al
discapacitado titular del patrimonio protegido por las aportaciones que se
reciban en dicho patrimonio, la Ley establece que tales aportaciones tendrán
la consideración de rendimiento de trabajo hasta el importe de 8.000 euros
anuales por cada aportante y 24.250 euros anuales en conjunto cuando el
aportante sea contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o que haya sido gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades de los
aportantes con el límite de 8.000 euros anuales, cuando el aportante sea
sujeto pasivo de ese Impuesto. No obstante, sólo se integrarán en la base
imponible del titular del patrimonio protegido por el importe en que la suma
de tales rendimientos de trabajo y las prestaciones recibidas en forma de
renta a que se refiere el apartado 3 del artículo
17 de la Ley 40/1998, exceda del doble del salario mínimo
interprofesional.

Lógicamente, cuando la aportación se realice por
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a favor de los patrimonios
protegidos de los parientes, cónyuges o personas a cargo de los trabajadores
del aportante, únicamente tendrán la consideración de rendimiento del trabajo
para el titular del patrimonio protegido.

En cualquier caso, estos rendimientos de trabajo no
quedan sujetos a retención o ingreso a cuenta.

Tratándose de aportaciones no dinerarias, el
discapacitado titular del patrimonio protegido quedará subrogado en la
posición del aportante respecto de la fechas y el valor de adquisición del
bien o derecho aportado, exceptuándose la posibilidad de aplicar la disposición
transitoria novena de la Ley 40/1998 cuando el bien o derecho se transmita
con posterioridad a la aportación al patrimonio protegido.

El régimen tributario aplicable al titular del
patrimonio protegido se completa con una norma de no sujeción al Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones por la parte de las aportaciones que tengan para
el perceptor la consideración de rendimientos del trabajo.

En lo que se refiere al régimen aplicable al aportante
al patrimonio protegido de la persona discapacitada, se distinguen dos
supuestos según que el aportante sea contribuyente por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas o sujeto pasivo del Impuesto sobre
Sociedades.

De este modo, en el primer supuesto, se prevé que las
aportaciones realizadas por los parientes en línea directa o colateral hasta
el tercer grado, el cónyuge y los tutores o acogedores, den derecho a
practicar una reducción de la base imponible del aportante que podrá alcanzar,
para estas aportaciones, un importe máximo de 8.000 euros
anuales.

Las reducciones practicadas en la base imponible de
los aportantes tendrán, asimismo, un límite conjunto, de manera que el total
de las reducciones practicadas por todas las personas que efectúen
aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido no podrá exceder de
24.250 euros anuales. A estos efectos, se introduce una cláusula de
disminución proporcional de la reducción aplicable en caso de que la
concurrencia de varios aportantes supere el límite conjunto
establecido.

En cualquier caso, se establece que las aportaciones
que excedan de los límites anteriores puedan dar derecho a reducir la base
imponible del aportante en los cuatro períodos impositivos siguientes, regla
ésta que resulta de aplicación tanto a las aportaciones dinerarias como a las
no dinerarias.

En el segundo de los supuestos, esto es, cuando las
aportaciones han sido realizadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades a los patrimonios protegidos de sus trabajadores o de los parientes
o cónyuges de los trabajadores, o de las personas acogidas por los
trabajadores en régimen de tutela o acogimiento, se prevé que tales
aportaciones dan derecho a la deducción del 10 % de la cuota íntegra prevista
en el artículo
36 quáter de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades. La aportación anual deberá respetar, además de los requisitos
generales establecidos en el citado artículo
36 quáter, el límite de 8.000 euros anuales por cada trabajador o persona
discapacitada, estando previsto que si excede de este límite, la deducción que
corresponda podrá aplicarse en los cuatro períodos impositivos
siguientes.

En cuanto a la valoración de las aportaciones no
dinerarias al patrimonio protegido, la norma remite a las reglas previstas en
el artículo
18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que se
ocupa de regular la base de las deducciones por donativos, donaciones y
aportaciones realizadas a las entidades beneficiarias del
mecenazgo.

En los casos de aportaciones no dinerarias, y en
concordancia con la finalidad perseguida en la constitución de los patrimonios
protegidos, la Ley declara exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, respectivamente, las ganancias
patrimoniales y las rentas positivas generadas con ocasión de la realización
de dichas aportaciones.

Por otro lado, la Ley se ocupa de las consecuencias
fiscales derivadas de la realización de actos de disposición de los bienes o
derechos integrantes del patrimonio protegido cuando tales actos de
disposición se realicen en el plazo comprendido entre el período impositivo de
la aportación y los cuatro siguientes, distinguiendo en función de la
naturaleza jurídica del aportante.

De este modo, si quien realizó las aportaciones al
patrimonio protegido del discapacitado fue un contribuyente del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, dicho contribuyente vendrá obligado a
integrar en la base imponible del período impositivo en que se produzca el
acto de disposición, las cantidades reducidas en la base imponible
correspondientes a las disposiciones realizadas más los intereses de demora
que procedan.

Si las aportaciones al patrimonio protegido fueron
realizadas por un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, éste habrá de
ingresar en el período impositivo en que se produce la disposición, la
cantidad deducida en la cuota en el período impositivo en que se realizó la
aportación.

En ambos casos, el titular del patrimonio habrá de
integrar en su base imponible correspondiente al período impositivo en que se
produce la disposición, la cantidad que hubiera dejado de integrar en el
período impositivo en que recibió la aportación. Esta obligación se traslada
al trabajador cuando la aportación la hubiera realizado un sujeto pasivo del
Impuesto sobre Sociedades al patrimonio protegido de un pariente de
aquél.

Finalmente, al objeto de asegurar un adecuado control
de los patrimonios protegidos de las personas discapacitadas, se establece la
obligación para el contribuyente titular de un patrimonio protegido de
presentar una declaración en la que se indique la composición del patrimonio,
las aportaciones recibidas y las disposiciones realizadas durante el período
impositivo, remitiéndose en este punto a un posterior desarrollo
reglamentario.

El conjunto de modificaciones en la normativa
tributaria se completa con un nuevo supuesto de exención en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que será aplicable
a las aportaciones a los patrimonios protegidos de las personas con
discapacidad.

CAPÍTULO I.
PATRIMONIO PROTEGIDO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

Artículo
1. Objeto y régimen jurídico.

1. El objeto de esta Ley es favorecer la aportación a
título gratuito de bienes y derechos al patrimonio de las personas con
discapacidad y establecer mecanismos adecuados para garantizar la afección de
tales bienes y derechos, así como de los frutos, productos y rendimientos de
éstos, a la satisfacción de las necesidades vitales de sus
titulares.

Tales bienes y derechos constituirán el patrimonio
especialmente protegido de las personas con discapacidad.

2. El patrimonio protegido de las personas con
discapacidad se regirá por lo establecido en esta Ley y en sus disposiciones
de desarrollo, cuya aplicación tendrá carácter preferente sobre lo dispuesto
para regular los efectos de la incapacitación en los títulos IX
y X del libro I
del Código Civil.

Artículo
2. Beneficiarios.

1. El patrimonio protegido de las personas con
discapacidad tendrá como beneficiario, exclusivamente, a la persona en cuyo
interés se constituya, que será su titular.

2. A los efectos de esta Ley únicamente tendrán la
consideración de personas con discapacidad:

a.
Las afectadas por una minusvalía psíquica igual o
superior al 33 %.

b.
Las afectadas por una minusvalía física o
sensorial igual o superior al 65 %.

3. El grado de minusvalía se acreditará mediante
certificado expedido conforme a lo establecido reglamentariamente o por
resolución judicial firme.

Artículo
3. Constitución.

1. Podrán constituir un patrimonio
protegido:

a.
La propia persona con discapacidad beneficiaria
del mismo, siempre que tenga capacidad de obrar suficiente.

b.
Sus padres, tutores o curadores cuando la persona
con discapacidad no tenga capacidad de obrar suficiente.

c.
El guardador de hecho de una persona con
discapacidad psíquica podrá constituir en beneficio de éste un patrimonio
protegido con los bienes que sus padres o tutores le hubieran dejado por
título hereditario o hubiera de recibir en virtud de pensiones constituidas
por aquéllos y en los que hubiera sido designado beneficiario; todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos
303, 304
y 306 del
Código Civil.

2. Cualquier persona con interés legítimo podrá
solicitar de la persona con discapacidad o, en caso de que no tenga capacidad
de obrar suficiente, de sus padres, tutores o curadores, la constitución de un
patrimonio protegido, ofreciendo al mismo tiempo una aportación de bienes y
derechos adecuados, suficiente para ese fin.

En caso de negativa injustificada de los padres o
tutores, el solicitante podrá acudir al fiscal, quien instará del juez lo que
proceda atendiendo al interés de la persona con discapacidad. Si el juez
autorizara la constitución del patrimonio protegido, la resolución judicial
determinará el contenido a que se refiere el apartado siguiente de esta Ley.
El cargo de administrador no podrá recaer, salvo justa causa, en el padre,
tutor o curador que se hubiera negado injustificadamente a la constitución del
patrimonio protegido.

3. El patrimonio protegido se constituirá en documento
público, o por resolución judicial en el supuesto contemplado en el apartado
anterior.

Dicho documento público o resolución judicial tendrá,
como mínimo, el siguiente contenido:

a.
El inventario de los bienes y derechos que
inicialmente constituyan el patrimonio protegido.

b.
La determinación de las reglas de administración
y, en su caso, de fiscalización, incluyendo los procedimientos de designación
de las personas que hayan de integrar los órganos de administración o, en su
caso, de fiscalización. Dicha determinación se realizará conforme a lo
establecido en el artículo
5 de esta Ley.

c.
Cualquier otra disposición que se considere
oportuna respecto a la administración o conservación del mismo.

Artículo
4. Aportaciones al patrimonio protegido.

1. Las aportaciones de bienes y derechos posteriores a
la constitución del patrimonio protegido estarán sujetas a las mismas
formalidades establecidas en el artículo
anterior para su constitución.

2. Cualquier persona con interés legítimo, con el
consentimiento de la persona con discapacidad, o de sus padres o tutores o
curadores si no tuviera capacidad de obrar suficiente, podrá aportar bienes o
derechos al patrimonio protegido. Estas aportaciones deberán realizarse
siempre a título gratuito y no podrán someterse a término.

En caso de que los padres, tutores o curadores negasen
injustificadamente su consentimiento, la persona que hubiera ofrecido la
aportación podrá acudir al fiscal, quien instará del juez lo que proceda
atendiendo al interés de la persona con discapacidad.

3. Al hacer la aportación de un bien o derecho al
patrimonio protegido, los aportantes podrán establecer el destino que deba
darse a tales bienes o derechos o, en su caso, a su equivalente, una vez
extinguido el patrimonio protegido conforme al artículo
6, siempre que hubieran quedado bienes y derechos suficientes y sin más
limitaciones que las establecidas en el Código Civil o
en las normas de derecho civil, foral o especial, que, en su caso, fueran
aplicables.

Artículo
5. Administración.

1. Cuando el constituyente del patrimonio protegido
sea el propio beneficiario del mismo, su administración, cualquiera que sea la
procedencia de los bienes y derechos que lo integren, se sujetará a las reglas
establecidas en el documento público de constitución.

2. En los demás casos, las reglas de administración,
establecidas en el documento público de constitución, deberán prever la
obligatoriedad de autorización judicial en los mismos supuestos que el tutor
la requiere respecto de los bienes del tutelado, conforme a los artículos
271 y 272 del
Código Civil o, en su caso, conforme a lo dispuesto en las normas de
derecho civil, foral o especial, que fueran aplicables.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior la
autorización no es necesaria cuando el beneficiario tenga capacidad de obrar
suficiente.

En ningún caso será necesaria la subasta pública para
la enajenación de los bienes o derechos que integran el patrimonio protegido
no siendo de aplicación lo establecido al efecto en el título XI
del libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de
1881.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
los constituyentes o el administrador, podrán instar al Ministerio Fiscal que
solicite del juez competente la excepción de la autorización judicial en
determinados supuestos, en atención a la composición del patrimonio, las
circunstancias personales de su beneficiario, las necesidades derivadas de su
minusvalía, la solvencia del administrador o cualquier otra circunstancia de
análoga naturaleza.

4. Todos los bienes y derechos que integren el
patrimonio protegido, así como sus frutos, rendimientos o productos, deberán
destinarse a la satisfacción de las necesidades vitales de su beneficiario, o
al mantenimiento de la productividad del patrimonio
protegido.

5. En ningún caso podrán ser administradores las
personas o entidades que no puedan ser tutores, conforme a lo establecido en
el Código Civil o
en las normas de derecho civil, foral o especial, que, en su caso, fueran
aplicables.

6. Cuando no se pudiera designar administrador
conforme a las reglas establecidas en el documento público o resolución
judicial de constitución, el juez competente proveerá lo que corresponda, a
solicitud del Ministerio Fiscal.

7. El administrador del patrimonio protegido, cuando
no sea el propio beneficiario del mismo, tendrá la condición de representante
legal de éste para todos los actos de administración de los bienes y derechos
integrantes del patrimonio protegido, y no requerirá el concurso de los padres
o tutor para su validez y eficacia.

Artículo
6. Extinción.

1. El patrimonio protegido se extingue por la muerte o
declaración de fallecimiento de su beneficiario o por dejar éste de tener la
condición de persona con discapacidad de acuerdo con el artículo
2.2 de esta Ley.

2. Si el patrimonio protegido se hubiera extinguido
por muerte o declaración de fallecimiento de su beneficiario, se entenderá
comprendido en su herencia.

Si el patrimonio protegido se hubiera extinguido por
dejar su beneficiario de cumplir las condiciones establecidas en el artículo
2.2 de esta Ley éste seguirá siendo titular de los bienes y derechos que
lo integran, sujetándose a las normas generales del Código Civil o
de derecho civil, foral o especial, que, en su caso, fueran
aplicables.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende
sin perjuicio de la finalidad que, en su caso, debiera de darse a determinados
bienes y derechos, conforme a lo establecido en el artículo
4.3 de esta Ley.

En el caso de que no pudiera darse a tales bienes y
derechos la finalidad prevista por sus aportantes, se les dará otra, lo más
análoga y conforme a la prevista por éstos, atendiendo, cuando proceda, a la
naturaleza y valor de los bienes y derechos que integren el patrimonio
protegido y en proporción, en su caso, al valor de las diferentes
aportaciones.

Artículo
7. Supervisión.

1. La supervisión de la administración del patrimonio
protegido corresponde al Ministerio Fiscal, quien instará del juez lo que
proceda en beneficio de la persona con discapacidad, incluso la sustitución
del administrador, el cambio de las reglas de administración, el
establecimiento de medidas especiales de fiscalización, la adopción de
cautelas, la extinción del patrimonio protegido o cualquier otra medida de
análoga naturaleza.

El Ministerio Fiscal actuará de oficio o a solicitud
de cualquier persona, y será oído en todas las actuaciones judiciales
relativas al patrimonio protegido.

2. Cuando no sea la propia persona con discapacidad
beneficiaria del patrimonio o sus padres, el administrador del patrimonio
protegido deberá rendir cuentas de su gestión al Ministerio Fiscal cuando lo
determine éste y, en todo caso, anualmente, mediante la remisión de una
relación de su gestión y un inventario de los bienes y derechos que lo formen,
todo ello justificado documentalmente.

El Ministerio Fiscal podrá requerir documentación
adicional y solicitar cuantas aclaraciones estime
pertinentes.

3. Como órgano externo de apoyo, auxilio y
asesoramiento del Ministerio Fiscal en el ejercicio de las funciones previstas
en este artículo, se crea la Comisión de Protección Patrimonial de las
Personas con Discapacidad, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, y en la que participarán, en todo caso, representantes de la
asociación de utilidad pública, más representativa en el ámbito estatal, de
los diferentes tipos de discapacidad.

La composición, funcionamiento y funciones de esta
Comisión se determinarán reglamentariamente.

Artículo
8. Constancia registral.

1. La representación legal a la que se refiere el artículo
5.7 de esta Ley se hará constar en el Registro Civil.

2. Cuando el dominio de un bien inmueble o derecho
real sobre el mismo se integre en un patrimonio protegido, se hará constar
esta cualidad en la inscripción que se practique a favor de la persona con
discapacidad en el Registro de la Propiedad correspondiente.

La misma mención se hará en los restantes bienes que
tengan el carácter de registrables. Si se trata de participaciones en fondos
de inversión o instituciones de inversión colectiva, acciones o
participaciones en sociedades mercantiles que se integren en un patrimonio
protegido, se notificará por el notario autorizante o por el juez, a la
gestora de los mismos o a la sociedad, su nueva cualidad.

3. Cuando un bien o derecho deje de formar parte de un
patrimonio protegido se podrá exigir por quien resulte ser su titular o tenga
un interés legítimo la cancelación de las menciones a que se refiere el
apartado anterior.

CAPÍTULO II.
MODIFICACIONES
DEL CÓDIGO CIVIL Y DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.

Artículo
9. Modificaciones del Código Civil en materia
de autotutela.

Uno. El artículo
223 del Código Civil quedará redactado en los siguientes
términos:

Artículo
223.

Los padres podrán en testamento o
documento público notarial nombrar tutor, establecer órganos de fiscalización
de la tutela, así como designar las personas que hayan de integrarlos u
ordenar cualquier disposición sobre la persona o bienes de sus hijos menores o
incapacitados.

Asimismo, cualquier persona con la
capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente
en el futuro, podrá en documento público notarial adoptar cualquier
disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de
tutor.

Los documentos públicos a los que
se refiere el presente artículo se comunicarán de oficio por el notario
autorizante al Registro Civil, para su indicación en la inscripción de
nacimiento del interesado.

En los procedimientos de
incapacitación, el juez recabará certificación del Registro Civil y, en su
caso, del registro de actos de última voluntad, a efectos de comprobar la
existencia de las disposiciones a las que se refiere este
artículo.

Dos. El párrafo primero del artículo
234 del Código Civil pasa a tener la siguiente
redacción:

Para el nombramiento de tutor se
preferirá:

1.
Al designado por
el propio tutelado, conforme al párrafo segundo del artículo
223.

2.
Al cónyuge que
conviva con el tutelado.

3.
A los
padres.

4.
A la persona o
personas designadas por éstos en sus disposiciones de última
voluntad.

5.
Al descendiente,
ascendiente o hermano que designe el juez.

Tres. Se añade un nuevo párrafo al artículo
239 con el contenido siguiente:

La entidad pública a la que, en el
respectivo territorio, esté encomendada la tutela de los incapaces cuando
ninguna de las personas recogidas en el artículo
234 sea nombrado tutor, asumirá por ministerio de la Ley la tutela del
incapaz o cuando éste se encuentre en situación de
desamparo.

Se considera como situación de
desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del
imposible o inadecuado ejercicio de los deberes que le incumben de conformidad
a las Leyes, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o
material.

Artículo
10. Modificación del Código Civil en materia de
régimen sucesorio.

Uno. Se añade un apartado 7 al artículo
756 del Código Civil con la siguiente redacción:

7.
Tratándose de la
sucesión de una persona con discapacidad, las personas con derecho a la
herencia que no le hubieren prestado las atenciones debidas, entendiendo por
tales las reguladas en los artículos
142 y 146 del
Código Civil.

Dos. Se modifica el artículo
782 del Código Civil que queda redactado en los siguientes
términos:

Artículo
782.

Las sustituciones fideicomisarias
nunca podrán gravar la legítima, salvo que graven la legítima estricta en
beneficio de un hijo o descendiente judicialmente incapacitado en los términos
establecidos en el artículo
808. Si recayeren sobre el tercio destinado a la mejora, sólo podrán
hacerse en favor de los descendientes.

Tres. Se añade un tercer párrafo al artículo
808 del Código Civil con la siguiente redacción, pasando a ser cuarto el
actual párrafo tercero:

Cuando alguno de los
hijos o descendientes haya sido judicialmente incapacitado, el testador podrá
establecer una sustitución fideicomisaria sobre el tercio de legítima
estricta, siendo fiduciarios los hijos o descendientes judicialmente
incapacitados y fideicomisarios los coherederos
forzosos.

Cuatro. Se modifica el artículo
813 del Código Civil, quedando redactado su segundo párrafo del siguiente
modo:

Tampoco podrá imponer
sobre ella gravamen, ni condición, ni sustitución de ninguna especie, salvo lo
dispuesto en cuanto al usufructo de viudo y lo establecido en el artículo
808 respecto de los hijos o descendientes judicialmente
incapacitados.

Cinco. Los artículos
821 y 822 del
Código Civil quedarán redactados en los siguientes
términos:

Artículo
821.

Cuando el legado sujeto a
reducción consista en una finca que no admita cómoda división, quedará ésta
para el legatario si la reducción no absorbe la mitad de su valor, y en caso
contrario para los herederos forzosos; pero aquél y éstos deberán abonarse su
respectivo haber en dinero.

El legatario que tenga derecho a
legítima podrá retener toda la finca, con tal que su valor no supere, el
importe de la porción disponible y de la cuota que le corresponda por
legítima.

Si los herederos o legatarios no
quieren usar del derecho que se les concede en este artículo se venderá la
finca en pública subasta, a instancia de cualquiera de los
interesados.

Artículo
822.

La donación o legado de un derecho
de habitación sobre la vivienda habitual que su titular haga a favor de un
legitimario persona con discapacidad, no se computará para el cálculo de las
legítimas si en el momento del fallecimiento ambos estuvieren conviviendo en
ella.

Este derecho de habitación se
atribuirá por ministerio de la Ley en las mismas condiciones al legitimario
discapacitado que lo necesite y que estuviera conviviendo con el fallecido, a
menos que el testador hubiera dispuesto otra cosa o lo hubiera excluido
expresamente, pero su titular no podrá impedir que continúen conviviendo los
demás legitimarios mientras lo necesiten.

El derecho a que se refieren los
dos párrafos anteriores será intransmisible.

Lo dispuesto en los dos primeros
párrafos no impedirá la atribución al cónyuge de los derechos regulados en los
artículos
1406 y 1407 de
este Código, que coexistirán con el de habitación.

Seis. El artículo
831 del Código Civil quedará redactado en los siguientes
términos:

Artículo
831.

1. No obstante lo dispuesto en el
artículo
anterior, podrán conferirse facultades al cónyuge en testamento para que,
fallecido el testador, pueda realizar a favor de los hijos o descendientes
comunes mejoras incluso con cargo al tercio de libre disposición y, en
general, adjudicaciones o atribuciones de bienes concretos por cualquier
título o concepto sucesorio o particiones, incluidas las que tengan por objeto
bienes de la sociedad conyugal disuelta que esté sin
liquidar.

Estas mejoras, adjudicaciones o
atribuciones podrán realizarse por el cónyuge en uno o varios actos,
simultáneos o sucesivos. Si no se le hubiere conferido la facultad de hacerlo
en su propio testamento o no se le hubiere señalado plazo, tendrá el de dos
años contados desde la apertura de la sucesión o, en su caso, desde la
emancipación del último de los hijos comunes.

Las disposiciones del cónyuge que
tengan por objeto bienes específicos y determinados, además de conferir la
propiedad al hijo o descendiente favorecido, le conferirán también la posesión
por el hecho de su aceptación, salvo que en ellas se establezca otra
cosa.

2. Corresponderá al cónyuge
sobreviviente la administración de los bienes sobre los que pendan las
facultades a que se refiere el párrafo anterior.

3. El cónyuge, al ejercitar las
facultades encomendadas, deberá respetar las legítimas estrictas de los
descendientes comunes y las mejoras y demás disposiciones del causante en
favor de ésos.

De no respetarse la legítima
estricta de algún descendiente común o la cuota de participación en los bienes
relictos que en su favor hubiere ordenado el causante, el perjudicado podrá
pedir que se rescindan los actos del cónyuge en cuanto sea necesario para dar
satisfacción al interés lesionado.

Se entenderán respetadas las
disposiciones del causante a favor de los hijos o descendientes comunes y las
legítimas cuando unas u otras resulten suficientemente satisfechas aunque en
todo o en parte lo hayan sido con bienes pertenecientes sólo al cónyuge que
ejercite las facultades.

4. La concesión al cónyuge de las
facultades expresadas no alterará el régimen de las legítimas ni el de las
disposiciones del causante, cuando el favorecido por unas u otras no sea
descendiente común. En tal caso, el cónyuge que no sea pariente en línea recta
del favorecido tendrá poderes, en cuanto a los bienes afectos a esas
facultades, para actuar por cuenta de los descendientes comunes en los actos
de ejecución o de adjudicación relativos a tales legítimas o
disposiciones.

Cuando algún descendiente que no
lo sea del cónyuge supérstite hubiera sufrido preterición no intencional en la
herencia del premuerto, el ejercicio de las facultades encomendadas al cónyuge
no podrá menoscabar la parte del preterido.

5. Las facultades conferidas al
cónyuge cesarán desde que hubiere pasado a ulterior matrimonio o a relación de
hecho análoga o tenido algún hijo no común, salvo que el testador hubiera
dispuesto otra cosa.

6. Las disposiciones de los
párrafos anteriores también serán de aplicación cuando las personas con
descendencia común no estén casadas entre sí.

Siete. Se añade un segundo párrafo al artículo
1041 del Código Civil con la siguiente redacción:

Tampoco estarán sujetos a
colación los gastos realizados por los padres y ascendientes para cubrir las
necesidades especiales de sus hijos o descendientes con
discapacidad.

Artículo
11. Modificación del Código Civil en materia
del mandato.

El artículo
1732 del Código Civil quedará redactado en los siguientes
términos:

Artículo
1732.

El mandato se
acaba:

1.
Por su
revocación.

2.
Por renuncia o
incapacitación del mandatario.

3.
Por muerte,
declaración de prodigalidad o por concurso o insolvencia del mandante o del
mandatario.

El mandato se extinguirá, también,
por la incapacitación sobrevenida del mandante a no ser que en el mismo se
hubiera dispuesto su continuación o el mandato se hubiera dado para el caso de
incapacidad del mandante apreciada conforme a lo dispuesto por éste. En estos
casos, el mandato podrá terminar por resolución judicial dictada al
constituirse el organismo tutelar o posteriormente a instancia del
tutor.

Artículo
12. Modificación del Código Civil en materia
del contrato de alimentos.

Uno. Se crea un nuevo capítulo
II dentro del título XII del libro IV del Código Civil, bajo la rúbrica
Del contrato de
alimentos, que engloba los artículos
1791 a 1797.

Dos. Los artículos
1791 a 1797 del Código Civil quedarán redactados en los siguientes
términos:

Artículo
1791.

Por el contrato de alimentos una
de las partes se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de
todo tipo a una persona durante su vida, a cambio de la transmisión de un
capital en cualquier clase de bienes y derechos.

Artículo
1792.

De producirse la muerte del
obligado a prestar los alimentos o de concurrir cualquier circunstancia grave
que impida la pacífica convivencia de las partes, cualquiera de ellas podrá
pedir que la prestación de alimentos convenida se pague mediante la pensión
actualizable a satisfacer por plazos anticipados que para esos eventos hubiere
sido prevista en el contrato o, de no haber sido prevista, mediante la que se
fije judicialmente.

Artículo
1793.

La extensión y calidad de la
prestación de alimentos serán las que resulten del contrato y, a falta de
pacto en contrario, no dependerá de las vicisitudes del caudal y necesidades
del obligado ni de las del caudal de quien los recibe.

Artículo
1794.

La obligación de dar alimentos no
cesará por las causas a que se refiere el artículo
152, salvo la prevista en su apartado primero.

Artículo
1795.

El incumplimiento de la obligación
de alimentos dará derecho al alimentista sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo
1792, para optar entre exigir el cumplimiento, incluyendo el abono de los
devengados con anterioridad a la demanda, o la resolución del contrato, con
aplicación, en ambos casos, de las reglas generales de las obligaciones
recíprocas.

En caso de que el alimentista opte
por la resolución, el deudor de los alimentos deberá restituir inmediatamente
los bienes que recibió por el contrato, y, en cambio, el juez podrá, en
atención a las circunstancias, acordar que la restitución que, con respeto de
lo que dispone el artículo siguiente, corresponda al alimentista quede total o
parcialmente aplazada, en su beneficio, por el tiempo y con las garantías que
se determinen.

Artículo
1796.

De las consecuencias de la
resolución del contrato, habrá de resultar para el alimentista, cuando menos,
un superávit suficiente para constituir, de nuevo, una pensión análoga por el
tiempo que le quede de vida.

Artículo
1797.

Cuando los bienes o derechos que
se transmitan a cambio de los alimentos sean registrables, podrá garantizarse
frente a terceros el derecho del alimentista con el pacto inscrito en el que
se dé a la falta de pago el carácter de condición resolutoria explícita,
además de mediante el derecho de hipoteca regulado en el artículo
157 de la Ley Hipotecaria.

Artículo
13. Incorporación de una disposición adicional
en el Código Civil.

Se añade una disposición
adicional cuarta en el Código
Civil.

DISPOSICIÓN
ADICIONAL CUARTA.

La referencia que a personas con
discapacidad se realiza en los artículos
756, 822 y
1041,
se entenderá hecha al concepto definido en la Ley de protección patrimonial de
las personas con discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta
finalidad.

Artículo
14. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, en materia de procesos sobre la capacidad de
las personas.

El apartado 1 del artículo
757 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, tendrá la
siguiente redacción:

Artículo
757.

1. La declaración de incapacidad
puede promoverla el presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una
situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los
hermanos del presunto incapaz.

CAPÍTULO III.
MODIFICACIÓN DE
LA NORMATIVA TRIBUTARIA.

Artículo
15. Modificación de la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas
Tributarias.

Con efectos para los períodos impositivos que se
inicien a partir del 1 de enero de 2004, se introducen las siguientes
modificaciones en la Ley 40/1998,
de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
Normas Tributarias:

Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo
15, que quedará redactado en los siguientes términos

4. La base liquidable
será el resultado de practicar en la base imponible, en los términos previstos
en esta Ley, las reducciones por rendimientos del trabajo, prolongación de la
actividad laboral, movilidad geográfica, cuidado de hijos, edad, asistencia,
discapacidad, aportaciones a patrimonios protegidos de las personas
discapacitadas, aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión
social y pensiones compensatorias, lo cual dará lugar a las bases liquidables
general y especial.

Dos. Se añade un apartado 4 al artículo
16, que quedará redactado en los siguientes términos:

4. Las aportaciones realizadas al
patrimonio protegido de las personas con discapacidad, regulado en la Ley de
Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de Modificación del
Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria
con esta finalidad, tendrán el siguiente tratamiento fiscal para el
contribuyente discapacitado:

a.
Cuando los
aportantes sean contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo hasta el importe
de 8.000 euros anuales por cada aportante y 24.250 euros anuales en
conjunto.

Asimismo, y con independencia de
los límites indicados en el párrafo anterior, cuando los aportantes sean
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, tendrán la consideración de
rendimientos del trabajo siempre que hayan sido gasto deducible en el Impuesto
sobre Sociedades con el límite de 8.000 euros anuales.

Estos
rendimientos se integrarán en la base imponible del contribuyente
discapacitado titular del patrimonio protegido por el importe en que la suma
de tales rendimientos y las prestaciones recibidas en forma de renta a que se
refiere el apartado 3 del artículo
17 de esta Ley exceda de dos veces al salario mínimo
interprofesional.

Cuando las aportaciones se
realicen por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a favor de los
patrimonios protegidos de los parientes, cónyuges o personas a cargo de los
empleados del aportante, únicamente tendrán la consideración de rendimiento
del trabajo para el titular del patrimonio protegido.

Los
rendimientos a que se refiere este párrafo a no estarán sujetos a retención o
ingreso a cuenta.

b.
En el caso de
aportaciones no dinerarias, el contribuyente discapacitado titular del
patrimonio protegido se subrogará en la posición del aportante respecto de la
fecha y el valor de adquisición de los bienes y derechos aportados, pero sin
que, a efectos de ulteriores transmisiones, le resulte de aplicación lo
previsto en la disposición
transitoria novena de esta Ley.

A la
parte de la aportación no dineraria sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones se aplicará, a efectos de calcular el valor y la fecha de
adquisición, lo establecido en el artículo
34 de esta Ley.

c.
No estará sujeta
al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la parte de las aportaciones que
tenga para el perceptor la consideración de rendimientos del
trabajo.

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo
46, que quedará redactado en los siguientes términos:

1. La base liquidable general
estará constituida por el resultado de practicar en la parte general de la
base imponible, exclusivamente y por este orden, las reducciones a que se
refieren los artículos
46 bis, 46
ter, 46
quáter, 47,
47
bis, 47
ter, 47
quinquies, 47
sexies, 48,
48
bis y 48 ter
de esta Ley, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de dichas
disminuciones.

La base liquidable especial será
el resultado de disminuir la parte especial de la base imponible en el
remanente, si lo hubiere, de las reducciones previstas en el párrafo anterior
sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal
disminución.

Cuatro. Se añade un artículo
47 sexies que quedará redactado en los siguientes
términos:

Artículo
47 sexies. Reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de las
personas discapacitadas.

1. Las aportaciones al patrimonio
protegido del contribuyente discapacitado efectuadas por las personas que
tengan con el discapacitado una relación de parentesco en línea directa o
colateral hasta el tercer grado inclusive, así como por el cónyuge del
discapacitado o por aquellos que lo tuviesen a su cargo en régimen de tutela o
acogimiento, darán derecho a reducir la base imponible del aportante, con el
límite máximo de 8.000 euros anuales.

El conjunto de las reducciones
practicadas por todas las personas que efectúen aportaciones a favor de un
mismo patrimonio protegido no podrá exceder de 24.250 euros
anuales.

A estos efectos, cuando concurran
varias aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido, las reducciones
correspondientes a dichas aportaciones habrán de ser minoradas de forma
proporcional sin que, en ningún caso, el conjunto de las reducciones
practicadas por todas las personas físicas que realicen aportaciones a favor
de un mismo patrimonio protegido pueda exceder de 24.250 euros
anuales.

2. Las aportaciones que excedan de
los límites previstos en el apartado anterior darán derecho a reducir la base
imponible de los cuatro períodos impositivos siguientes, hasta agotar, en su
caso, en cada uno de ellos los importes máximos de
reducción.

Lo dispuesto en el párrafo
anterior también resultará aplicable en los supuestos en que no proceda la
reducción por insuficiencia de base imponible.

Cuando concurran en un mismo
período impositivo reducciones de la base imponible por aportaciones
efectuadas en el ejercicio con reducciones de ejercicios anteriores pendientes
de aplicar, se practicarán en primer lugar las reducciones procedentes de los
ejercicios anteriores, hasta agotar los importes máximos de
reducción.

3. Tratándose de aportaciones no
dinerarias se tomará como importe de la aportación el que resulte de lo
previsto en el artículo
18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Estarán exentas del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas las ganancias patrimoniales que se pongan de
manifiesto en el aportante con ocasión de las aportaciones a los patrimonios
protegidos.

4. No generarán el derecho a
reducción las aportaciones de elementos afectos a la actividad que realicen
los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que
realicen actividades económicas.

En ningún caso darán derecho a
reducción las aportaciones efectuadas por el propio contribuyente
discapacitado titular del patrimonio protegido.

5. La disposición en el período
impositivo en que se realiza la aportación o en los cuatro siguientes de
cualquier bien o derecho aportado al patrimonio protegido de la persona con
discapacidad determinará las siguientes obligaciones
fiscales:

a.
Si el aportante
fue un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
dicho aportante deberá integrar en la base imponible del período impositivo en
que se produzca el acto de disposición, las cantidades reducidas de la base
imponible correspondientes a las disposiciones realizadas más los intereses de
demora que procedan.

b.
Cualquiera que
haya sido el aportante el titular del patrimonio protegido que recibió la
aportación deberá integrar en la base imponible del período impositivo en que
se produzca el acto de disposición, la cantidad que hubiera dejado de integrar
en el período impositivo en que recibió la aportación como consecuencia de la
aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo
16 de esta Ley, más los intereses de demora que procedan.

En
los casos en que la aportación se hubiera realizado al patrimonio protegido de
los parientes, cónyuges o personas a cargo de los trabajadores en régimen de
tutela o acogimiento, a que se refiere el apartado 1 de este artículo, por un
sujeto pasivo del Impuesto de Sociedades, la obligación descrita en el párrafo
anterior deberá ser cumplida por dicho trabajador.

c.
A los efectos de
lo dispuesto en el apartado 5 del artículo
36 quáter de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, el trabajador titular del patrimonio protegido deberá
comunicar al empleador que efectuó las aportaciones, las disposiciones que se
hayan realizado en el período impositivo.

En los casos en que la disposición
se hubiera efectuado en el patrimonio protegido de los parientes, cónyuges o
personas a cargo de los trabajadores en régimen de tutela o acogimiento, la
comunicación a que se refiere el párrafo anterior también deberá efectuarla
dicho trabajador.

La falta de comunicación
constituirá infracción tributaria simple, sancionable con multa de 100 a 800
euros.

A los efectos previstos en este
apartado, tratándose de bienes o derechos homogéneos se entenderá que fueron
dispuestos los aportados en primer lugar.

No se aplicará lo dispuesto en
este apartado en caso de fallecimiento del titular del patrimonio protegido,
del aportante o de los trabajadores a los que se refiere el apartado 2 del artículo
36 quáter de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades.

Cinco. Se añade un apartado 5 al artículo
86 que quedará redactado en los siguientes términos:

5. Los contribuyentes de este
impuesto que sean titulares del patrimonio protegido regulado en la Ley de
Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de Modificación del
Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria
con esta finalidad, deberán presentar una declaración en la que se indique la
composición del patrimonio, las aportaciones recibidas y las disposiciones
realizadas durante el periodo impositivo, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.

Seis. Se añade un nuevo apartado 5 a la disposición
adicional decimocuarta, que quedará redactado en los siguientes
términos:

5. Las personas que, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos
3 y 4 de la
Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de
Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la
Normativa Tributaria con esta finalidad, intervengan en la formalización
de las aportaciones a los patrimonios protegidos, deberán presentar una
declaración sobre las citadas aportaciones en los términos que
reglamentariamente se establezcan. La declaración se efectuará en el lugar,
forma y plazo que establezca el Ministro de Hacienda.

Artículo
16. Modificación de la Ley 43/1995, de 27 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Con efectos para los períodos impositivos que se
inicien a partir del 1 de enero de 2004, se modifican el título y el contenido
del artículo
36 quáter de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, que quedará redactado en los siguientes
términos:

Artículo
36 quáter. Deducción por contribuciones empresariales a planes de
pensiones de empleo, a mutualidades de previsión social que actúen como
instrumento de previsión social empresarial o por aportaciones a patrimonios
protegidos de las personas con discapacidad.

1. El sujeto pasivo podrá
practicar una deducción en la cuota íntegra del 10 % de las contribuciones
empresariales imputadas a favor de los trabajadores con retribuciones brutas
anuales inferiores a 27.000 euros, siempre que tales contribuciones se
realicen a planes de pensiones de empleoo a mutualidades de previsión social
que actúen como instrumento de previsión social de los que sea promotor el
sujeto pasivo.

2. Asimismo, el sujeto pasivo
podrá practicar una deducción en la cuota íntegra del 10 % de las aportaciones
realizadas a favor de patrimonios protegidos de los trabajadores con
retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros, o de sus parientes en
línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de sus cónyuges o
de las personas a cargo de dichos trabajadores en régimen de tutela o
acogimiento regulados en la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con
Discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, de acuerdo con las
siguientes reglas:

a.
Las aportaciones
que generen el derecho a practicar la deducción prevista en este apartado no
podrán exceder de 8.000 euros anuales por cada trabajador o persona
discapacitada.

b.
Las aportaciones
que excedan del límite previsto en la letra anterior darán derecho a practicar
la deducción en los cuatro períodos impositivos siguientes, hasta agotar, en
su caso, en cada uno de ellos el importe máximo que genera el derecho a
deducción.

Cuando concurran en un mismo
período impositivo deducciones en la cuota por aportaciones efectuadas en el
ejercicio, con deducciones pendientes de practicar de ejercicios anteriores se
practicarán, en primer lugar, las deducciones procedentes de las aportaciones
de los ejercicios anteriores, hasta agotar el importe máximo que genera el
derecho a deducción.

c.
Tratándose de
aportaciones no dinerarias se tomará como importe de la aportación el que
resulte de lo previsto en el artículo
18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Estarán exentas del Impuesto sobre
Sociedades las rentas positivas que se pongan de manifiesto con ocasión de las
contribuciones empresariales a patrimonios protegidos.

3. Cuando se trate de trabajadores
con retribuciones brutas anuales iguales o superiores a 27.000 euros, la
deducción prevista en los apartados 1 y 2 anteriores se aplicará sobre la
parte proporcional de las contribuciones empresariales y aportaciones que
correspondan al importe de la retribución bruta anual reseñado en dichos
apartados.

4. Esta deducción no se podrá
aplicar respecto de las contribuciones realizadas al amparo del régimen
transitorio establecido en las disposiciones
transitorias decimocuarta, decimoquinta
y decimosexta
de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.

Asimismo, no será aplicable en el
caso de compromisos específicos asumidos con los trabajadores como
consecuencia de un expediente de regulación de empleo.

5. Cuando se efectúen
disposiciones de bienes o derechos aportados al patrimonio protegido de los
trabajadores, de sus parientes, cónyuges o personas a cargo de los
trabajadores en régimen de tutela o acogimiento, en los términos previstos en
los párrafos b y c del apartado 5 del artículo
47 sexies de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, el sujeto pasivo que efectuó la aportación, en el
período en que se hayan incumplido los requisitos, conjuntamente con la cuota
correspondiente a su período impositivo, ingresará la cantidad deducida
conforme a lo previsto en este artículo, además de los intereses de
demora.

Artículo
17. Modificación del Real Decreto Legislativo
1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

Con efectos a partir del 1 de enero de 2004, se añade
un nuevo apartado 20 a la letra B del artículo
45.I texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1993, de 24 de septiembre, que quedará redactado en los siguientes
términos:

20.
Las aportaciones
a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad regulados en la
Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad, de
Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la
Normativa Tributaria con esta finalidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Actos de jurisdicción voluntaria.

Las actuaciones judiciales previstas en el capítulo
I de esta Ley se tramitarán como actos de jurisdicción voluntaria sin que
la oposición que pudiera hacerse a la solicitud promovida transforme en
contencioso el expediente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Exención en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Las comunidades autónomas podrán declarar la exención
en el Impuesto sobre el Patrimonio, de los bienes y derechos referidos en la
Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad, de
modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la
normativa tributaria con esta finalidad.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.
Título competencial.

Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.6 ,8 y 14 de la Constitución.

DISPOSICIÓN FINAL
SEGUNDA. Desarrollo reglamentario.

El Gobierno aprobará las disposiciones reglamentarias
necesarias para el desarrollo de esta Ley en el plazo de seis meses desde su
entrada en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y
autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 18 de noviembre de 2003.

- Juan Carlos R. -

El Presidente del Gobierno,
José María Aznar
López.